Las nuevas tecnologías, concebidas como herramientas de transformación social, se encuentran —a menudo— con el obstáculo de legislaciones rígidas engendradas en el siglo XX. En esa época, ni el más optimista de los activistas por los derechos humanos hubiera imaginado que los ciudadanos podrían registrar desde sus móviles violaciones asociadas con esos derechos fundamentales y susceptibles de ser utilizadas como prueba en sede judicial.

Así como Bambuser y Periscope empoderaron al periodista ciudadano comprometido con la democracia y la libertad de expresión, eyeWitness to Atrocities va un paso más allá: los registros de abusos contra los derechos humanos recogidos a través del teléfono móvil podrán ser utilizados como prueba válida ante los tribunales.

Esta app surgió tras la controversia suscitada en noviembre del año pasado por el vídeo viral de un supuesto «niño héroe sirio» que desafiaba las balas para rescatar a una chica de los escombros, pero que —en realidad— resultó ser un rodaje montado por cineastas noruegos en Malta para mostrar la difícil situación que enfrentaba el país.

El objetivo de la aplicación, ideada para zonas de guerra y lugares donde las violaciones de los derechos humanos son frecuentes, era darle el sustento jurídico necesario a las imágenes recogidas por civiles para que no fuesen sólo un elemento de presión sino un arma de denuncia y protesta social que permitiera enjuiciar a los responsables.

eyeWitness to Atrocities fue realizada por la división de servicios legales de la compañía de información Lexis Nexis y la International Bar Association (IBA), una organización internacional de letrados y colegios de abogados de diferentes nacionalidades que participa en la reforma del derecho internacional. Tras realizar una investigación sobre la admisibilidad de la evidencia digital, desarrollaron esta app, que, aunque funciona como una aplicación tradicional de fotografía, permite al usuario tomar una imagen, un vídeo o grabar un audio que queda almacenado junto a los datos de coordenadas GPS, el horario, la geolocalización exacta y las redes de Bluetooth y Wi-Fi cercanas. Estos metadatos son clave para refutar los intentos de los gobiernos de desacreditar las presentaciones de informes de los ciudadanos.

Otra herramienta igual de relevante que ofrece el software es la incorporación de un código de identificación único, calculado sobre el número de pixeles del archivo, que garantiza que el material no ha sido editado o alterado de manera alguna, otro de los argumentos frecuentes de las Administraciones al defenderse. Al descargar la app, el usuario debe tomar 6 fotografías que encriptarán su identidad. Los abusos documentados son enviados a una nube, creada por la compañía, donde serán analizados por un equipo de juristas expertos que determinarán si la atrocidad registrada es demostrable. De serlo, se encargarán de llevar la presentación judicial ante la jurisdicción internacional pertinente.

El ciudadano no podrá ser descubierto ya que las imágenes se guardan en el «depósito seguro» de la aplicación y no en la galería instalada por defecto en todos los móviles. Otra ventaja de la herramienta es la facilidad para salir de la app y volver a la pantalla de la cámara del dispositivo. En caso de ser arrestado, o confiscado el teléfono, se puede eliminar la aplicación y todo su contenido rápidamente haciendo clic en tres botones.

Esta app adquiere también notoriedad como respuesta al contexto legislativo español donde la entrada en vigor de la llamada ‘ley mordaza’ prevé sanciones por «el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación, con respeto al derecho fundamental a la información».

Si quieres valorar aplicaciones puedes hacerlo participando como experto de la appteca de apps4citizens, una plataforma que tiene por objetivo promover el uso de las aplicaciones como un instrumento útil para mejorar la calidad democrática de la toma de decisiones a través del compromiso social y político colectivo.